Con estas propuestas, el CERMI espera superar la fragmentación normativa producida por las comunidades autónomas cuando regulan aspectos de discapacidad y que tiene efectos negativos para el emprendimiento económico de base social, ya que fracturan el mercado impidiendo la generación de economías de escala y añadiendo sobrecostes innecesarios para las empresas.

 

Así, la plataforma de la discapacidad propone que la futura ley incorpore una disposición adicional que asegure la eficacia en todo el territorio nacional de las decisiones administrativas relacionadas con los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, tales como calificación, excepcionalidad en materia de medidas alternativas, etc., acciones que vendrían acompañadas de la creación de un registro administrativo nacional de centros especiales de empleo, hoy inexistente.

 

Además, el CERMI plantea la inclusión en el proyecto de ley de otro precepto que disponga que todas las políticas activas de empleo para personas con discapacidad tendrán un marco estatal mínimo, al que deberán atenerse todas las comunidades autónomas, pudiendo mejorarlo con cargo a recursos propios, garantizando que los fondos estatales que reciban se destinarán en los plazos fijados a los fines de promoción de empleo establecidos en la normativa nacional.